En la reciente sesión del Comité de Vigilancia, se rechazó de manera unánime la propuesta de Iberparking de finalizar anticipadamente el contrato de Asociación Público-Privada, a cambio de una penalización que superaba los 500 millones de pesos. Un monto que hubiera afectado gravemente las finanzas municipales y el bienestar de los habitantes de Tecate.

La postura del Comité fue clara: no se permitirá ningún acuerdo que ponga al gobierno de rodillas frente a una empresa que ha abusado de su poder desde el principio. Sin embargo, en medio de esta firme resolución, surge una figura que ha preferido no tomar una postura decidida en defensa del interés público: la Síndico Procuradora, Sarahí Osuna Arce.

A pesar de tener la responsabilidad legal y ética de proteger el patrimonio del municipio, su actitud ha sido de evasión y omisión. Mientras organizaciones civiles, profesionales y ciudadanos alzan la voz exigiendo justicia, ella permanece distante, sin ofrecer una respuesta contundente ante una empresa que ha intentado vaciar las arcas del municipio.

En una reciente publicación oficial, no se especificaba ninguna información relevante sobre el monto que Iberparking solicitaba, lo que generó incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. Tras ser tachados de incompetentes e irresponsables por la opinión pública, finalmente se dio a conocer la cifra que la empresa demandaba. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿realmente están proporcionando la información correcta? Las dudas sobre la transparencia de sus acciones y la veracidad de los datos compartidos siguen creciendo. Es preocupante que al principio se haya omitido esta cifra clave, y solo después de que la presión popular aumentó, decidieron aclarar el monto solicitado por Iberparking. Esto deja en el aire la inquietud de si toda la información relacionada con este contrato ha sido comunicada de manera fiel y completa a la ciudadanía, o si estamos ante una estrategia para desviar la atención y evitar una confrontación directa con los intereses de la empresa.

Este silencio resulta aún más alarmante si se toma en cuenta que una de las promesas de campaña del actual presidente municipal, Román Cota, fue precisamente anular el contrato perjudicial con Iberparking. Durante sus recorridos, frente a la gente, aseguró que poner fin al abuso de esta empresa sería una prioridad. Sin embargo, hoy, mientras la ciudadanía sigue esperando que se cumpla esa promesa, parece que algunos dentro de su propio gobierno no comparten la misma determinación.

¿Está la Síndico Procuradora alineada con el presidente municipal y con el pueblo que la eligió para un cambio real? ¿O ha optado por no enfrentarse a los intereses privados?

La historia no se construye con palabras vacías, sino con hechos concretos. Y la falta de acción de la Síndico Procuradora la aleja cada vez más del pueblo que juró defender. Tecate no olvida, y mucho menos perdona la traición.