En una decisión que comienza a resonar en los círculos políticos de Baja California, el Gobierno Municipal de Ensenada confirmó este jueves el retiro de los escoltas asignados al senador Armando Ayala Robles, exalcalde del municipio y actual representante en el Senado por el partido Morena. La medida, que también afecta a otros funcionarios y exfuncionarios locales, representa un giro en la política de protección personal con recursos públicos, y lanza un mensaje de austeridad, eficiencia operativa y —según algunos analistas— distanciamiento político.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ayuntamiento, cuatro elementos de la Policía Municipal que estaban comisionados como escoltas al senador han sido reintegrados a sus funciones dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Esta acción forma parte de lo que la autoridad local describió como una «reorganización de recursos humanos orientada a reforzar la vigilancia en zonas prioritarias del municipio».

Fuentes internas confirmaron que la decisión no fue aislada ni exclusiva: otros funcionarios en activo y exfuncionarios también perdieron su esquema de escolta personalizada, en lo que parece ser una revisión amplia de los criterios para asignación de elementos de seguridad pública con fines no operativos.

Aunque el gobierno local no dio una explicación directa sobre el caso específico de Ayala Robles, la narrativa institucional sugiere un reordenamiento interno en un contexto de presión pública por mejorar la seguridad ciudadana.

“No hay justificación para seguir manteniendo escoltas con cargo al erario a personas que ya no forman parte del gobierno municipal activo. La prioridad es regresar esos elementos a las calles”, comentó una fuente cercana a la administración actual.

La decisión llega en un momento de tensión silenciosa entre el actual gobierno municipal y figuras políticas del pasado, como Ayala Robles, cuya gestión como alcalde fue polémica en diversos sectores, tanto por su estilo de liderazgo como por decisiones presupuestales cuestionadas.

Armando Ayala fue alcalde de Ensenada en dos periodos consecutivos (2019-2024), y posteriormente se integró al Senado. Aunque dejó la administración local, mantuvo durante varios meses a su equipo de escoltas municipales, lo cual generó críticas desde sectores sociales y políticos, que acusaban un uso indebido de recursos municipales para fines personales.

Legalmente, este tipo de protección solo puede otorgarse a funcionarios activos en casos excepcionales o con un sustento en evaluaciones de riesgo, lo cual no aplica automáticamente para quienes ya no ocupan cargos operativos dentro del aparato municipal.

El marco legal en Baja California es claro en cuanto a la asignación de escoltas. Para que un servidor público —activo o retirado— conserve una escolta oficial, debe existir una justificación jurídica, como amenazas comprobadas, procesos judiciales abiertos o riesgo comprobado por su cargo.

Hasta ahora, no se ha hecho pública ninguna evaluación de riesgo que sustente la continuidad del esquema de protección para Ayala Robles ni para otros exfuncionarios en la misma situación.

Este caso abre una conversación necesaria sobre los privilegios que persisten más allá del cargo, una práctica común en distintos niveles de gobierno en México, donde exalcaldes, exdiputados o exsecretarios continúan utilizando vehículos oficiales, personal de seguridad o asistentes administrativos, sin tener ya responsabilidades institucionales.

“El retiro de escoltas es un paso correcto hacia la legalidad y la equidad en el uso de recursos públicos. No podemos seguir alimentando privilegios que no están justificados”, opinó un exfuncionario de Transparencia Municipal.

Hasta el momento, el senador Ayala Robles no ha emitido declaración pública sobre el retiro de sus escoltas. Sin embargo, al tratarse de una figura con aspiraciones visibles en el panorama político de Morena en Baja California, se espera que el tema no pase desapercibido.

Políticos locales y organizaciones de la sociedad civil podrían aprovechar el momento para exigir mayor transparencia en la asignación de recursos humanos dentro de la policía municipal y abrir el debate sobre los límites entre seguridad institucional y beneficios personales.

• ¿Qué pasó? El Ayuntamiento de Ensenada retiró a los escoltas asignados al senador Armando Ayala Robles y a otros exfuncionarios.
• ¿Por qué? Reorganización de recursos, presunta falta de justificación legal y presión para reforzar seguridad pública en las calles.
• ¿Qué implica? Fin de un esquema de protección que generaba críticas; posible tensión política y llamado a auditar el uso de escoltas en Baja California.
• ¿Qué sigue? Se esperan posicionamientos públicos y mayor revisión de casos similares en otros municipios.

Este episodio no solo trata de cuatro escoltas, sino de cómo el poder político en México ha extendido históricamente sus privilegios más allá de sus cargos. Hoy, Ensenada lanza un mensaje: los tiempos cambian, y el uso de recursos públicos también debe cambiar con ellos.