Lo que comenzó como un proyecto para “ordenar el estacionamiento” en el centro de Tecate terminó convirtiéndose en un símbolo del hartazgo ciudadano ante decisiones gubernamentales tomadas al margen del interés público. La empresa IberParking, beneficiada por un contrato firmado en 2016, ha operado bajo condiciones que muchos consideran desventajosas y opacas, y cuya rescisión hoy enfrenta al Ayuntamiento con una posible deuda millonaria.

El acuerdo original otorgó a IberParking el control de 580 espacios públicos de estacionamiento, con una distribución de ingresos claramente desigual: 75% para la empresa y apenas 25% para el gobierno municipal. Desde el inicio, la implementación generó rechazo. Los ciudadanos denunciaron la imposición de parquímetros frente a sus propias viviendas, lo que los obligaba a pagar una cuota anual por estacionarse en la vía pública.

Con la llegada de Román Cota Muñoz a la presidencia municipal, surgió una nueva esperanza. En campaña prometió revisar a fondo el polémico contrato. En noviembre de 2024, el Ayuntamiento organizó una consulta ciudadana en la que el 88% de los participantes votó por la salida de IberParking.

En respuesta, el gobierno municipal anunció la rescisión del contrato y la creación de un Comité de Vigilancia Ciudadana para supervisar el proceso. Sin embargo, el conflicto escaló cuando la empresa exigió una indemnización de hasta 300 millones de pesos, argumentando daños por la terminación anticipada.

La controversia no se detuvo en los parquímetros. En diciembre de 2024, ciudadanos se movilizaron frente al Congreso del Estado para protestar por la incorporación de un nuevo cobro por recolección de basura en la Ley de Ingresos 2025, impulsada también por el alcalde Cota Muñoz. Para muchos, fue una señal más de que los intereses económicos continúan estando por encima del bienestar colectivo.

Este conflicto no solo expone las deficiencias del contrato con IberParking, sino que también evidencia una cadena de omisiones, falta de transparencia y decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía. Las consecuencias de estos actos no se limitan al presente: comprometen el futuro financiero y la confianza pública en las instituciones locales.

Tecate se encuentra hoy en una encrucijada: o continúa permitiendo que los intereses privados dominen la agenda pública, o apuesta por una verdadera transformación democrática, basada en la participación, la rendición de cuentas y la justicia social.

La historia de IberParking ya no es solo un caso local. Es un reflejo de lo que sucede cuando los gobiernos olvidan que el poder que ostentan proviene —y pertenece— a la gente.