El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSPCBC), Laureano Carrillo Rodríguez, no descartó que el reciente atentado con bombas molotov contra una tienda de abarrotes en la colonia Los Laureles esté relacionado con un posible caso de extorsión.

En atención a medios, Carrillo Rodríguez informó que agentes de su dependencia ya participan en la investigación del ataque, en el que resultó lesionada una menor de edad. Según los primeros informes de la Fiscalía General del Estado (FGE), los propietarios del negocio tendrían antecedentes delictivos, aunque el secretario aclaró que estos datos son competencia exclusiva de la Fiscalía.

“Tuvimos información de un presunto cobro de piso. Hay una cierta vinculación de los propietarios con antecedentes delictivos, pero eso lo está investigando la Fiscalía. Estamos en coordinación con ellos”, explicó el funcionario.

Aunque no se ha confirmado el móvil, el funcionario indicó que ninguna línea de investigación ha sido descartada, incluyendo la extorsión. «¿Un caso de extorsión? Pudiera ser. No podemos comprometernos a afirmarlo ni negarlo, porque aún no tenemos toda la información», añadió.

Este caso se suma a otros dos incidentes similares registrados en Tijuana durante 2025, en los que negocios fueron atacados con fuego de manera intencional. Ante este repunte, las autoridades estatales contemplan desplegar un escuadrón especializado en la prevención y atención de extorsiones.

Carrillo Rodríguez detalló que dicho escuadrón estaría integrado por 60 elementos de distintas corporaciones y operaría en zonas identificadas como focos rojos. El grupo actuaría bajo órdenes directas de mando, enfocado en intervenir en potenciales casos de extorsión.

“Después del operativo, se encarga de reunir la información y analizarla. Así estamos trabajando. En Ensenada, por ejemplo, hemos notado una ligera disminución en los casos de extorsión, aunque no es aún el resultado que esperamos”, apuntó.

Respecto al caso de Los Laureles, el titular de la SSPCBC indicó que se tomarán decisiones operativas con base en los hallazgos de la FGE. «No estamos seguros de que se trate de extorsión o de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Estamos esperando que la Fiscalía nos dé claridad, y actuaremos en consecuencia», concluyó.