Sala Superior perfila recorte millonario al PES en Baja California

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se prepara para aprobar una drástica reducción en el financiamiento público del Partido Encuentro Solidario (PES) en Baja California, al pasar de 68 millones a poco más de 9 millones de pesos para el ejercicio 2025.

El proyecto de resolución, que será discutido este miércoles 30 de abril en sesión del Pleno, plantea revocar el cálculo realizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) que otorgaba al PES una suma significativamente mayor a la recibida por partidos con más respaldo ciudadano, como Morena.

Desde el año pasado, el PES, se convirtió en el instituto político con mayor acceso a recursos públicos en el estado, incluso por encima de Morena, a pesar de haber obtenido apenas el 3% de la votación en la contienda más reciente.

Este privilegio se dio tras una reforma legislativa impulsada por el Congreso local, la cual redujo a la mitad el financiamiento de los partidos políticos nacionales. Sin embargo, un error en la aplicación de dicha normativa permitió que los partidos locales, siendo el PES el único registrado, concentraran el total del recurso asignado para este rubro.

Durante 2024, el PES recibió más de 114 millones de pesos, incluyendo fondos para actividades ordinarias, capacitaciones y campañas políticas. Para 2025, aunque su votación apenas superó el mínimo requerido para conservar el registro, se le había asignado un monto de 68 millones de pesos, cifra que fue impugnada por Morena y el Partido del Trabajo ante el TEPJF.

El proyecto de sentencia hecho público considera que mantener este nivel de financiamiento genera inequidad electoral, al permitir que un partido con baja representatividad reciba más recursos que otros con mayor respaldo ciudadano.

De ser aprobado por el Pleno, el financiamiento del PES se reducirá a 9 millones 732 mil pesos, cifra aún significativa, pero más proporcional al tamaño real de su votación. La resolución busca garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos entre las fuerzas políticas en Baja California.

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