En un acto que podría reconfigurar el panorama político de Baja California, el gobierno de Estados Unidos ejecutó una medida fulminante: revocó la visa de turista B1/B2 a Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en medio de una investigación de alto nivel dirigida desde Washington D.C.

La escena se desarrolló hace un par de semanas en la garita internacional de Tijuana. No hubo escándalo ni forcejeos. Torres fue detenido en inspección secundaria tras una alerta electrónica que lo marcaba como sujeto de interés. En cuestión de minutos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le notificaron que su visa había sido cancelada. El documento fue destruido frente a él. No hubo ingreso a EE. UU., solo una silenciosa devolución a territorio mexicano.

Este procedimiento, lejos de ser una acción consular rutinaria, llevó el sello directo del Departamento de Estado. Fuentes cercanas al caso confirmaron que la orden fue emitida desde las oficinas centrales en la capital estadounidense y ejecutada sin intermediarios diplomáticos. Se trata, afirman, de una medida cuidadosamente calibrada como parte de una pesquisa federal en curso que apunta hacia un entramado más amplio de posibles vínculos con actividades ilícitas.

La investigación no se limita a Torres. El cerco, según confirmaron funcionarios estadounidenses, se extiende hacia un círculo de colaboradores, socios, funcionarios públicos y actores cercanos tanto al esposo de la mandataria como a la propia gobernadora. Se presume que el detonante de esta operación fue una acumulación de datos relacionados con seguridad fronteriza, violencia e irregularidades financieras en la región.

El 10 de mayo, Torres Torres intentó controlar la narrativa. En una publicación de Facebook, describió la revocación como una decisión “habitual” del Departamento de Estado. Aseguró haber sido informado por canales consulares, sin dramatismo alguno.

Pero esa versión colapsó casi de inmediato. Altas fuentes del gobierno estadounidense desmintieron su declaración: no hubo participación del Consulado, ni comunicación diplomática previa. Lo ocurrido fue una acción operativa ejecutada por CBP bajo protocolos de investigación federal. El contraste entre su relato y los hechos expuestos desde Washington dejó en evidencia una clara intención de maquillar la situación.

A diferencia de su esposo, Marina del Pilar Ávila Olmeda sí fue notificada con antelación por canales diplomáticos. No se trató de una advertencia formal, sino de un gesto de deferencia institucional para evitarle una escena bochornosa en la frontera. Aunque la mandataria no ha confirmado públicamente la revocación de su visa, sugirió haber sido contactada después del incidente mediante un mensaje publicado —coincidentemente— el mismo día que su esposo.

El caso no es aislado. Las fuentes consultadas advierten que en los próximos días podrían concretarse nuevas revocaciones de visas a actores vinculados con la administración bajacaliforniana. La mira está puesta en una red de relaciones, negocios y operaciones que —según inteligencia estadounidense— podrían estar contaminadas por nexos con estructuras criminales.

“Se están revisando vínculos con grupos de carácter ilícito”, admitió una fuente norteamericana, sin detallar organizaciones específicas. Pero el mensaje es claro: la frontera ya no es solo una línea geográfica, sino una línea de vigilancia activa, donde el acceso puede cerrarse sin previo aviso para quienes entren en el radar de Washington.

El golpe, aunque silencioso, sacude con fuerza el tablero político. Mientras desde el oficialismo estatal intentan reducir el asunto a una “gestión consular común”, las agencias federales estadounidenses insisten: no se trata de una anécdota burocrática, sino de una investigación formal con implicaciones graves.

Este episodio no solo revela una fisura en el discurso público de la administración de Marina del Pilar, sino también una señal de alerta: la supervisión internacional sobre figuras políticas mexicanas ya no es tácita, es operativa. Y cuando Washington actúa sin previo aviso, no es por accidente.