Frente a un auditorio colmado de colaboradores y sin conceder preguntas a la prensa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda rompió el silencio sobre la polémica revocación de su visa estadounidense. En un mensaje cuidadosamente estructurado, calificó el hecho como un procedimiento administrativo sin base legal y denunció un intento de manipulación política orquestado desde sectores opositores.

A diferencia de su habitual encuentro de los miércoles con medios, la mandataria estatal decidió adelantar su aparición pública este lunes 12 de mayo, improvisando una “conferencia informativa” en el Centro de Gobierno de Tijuana. La escena fue clara: la jefa del Ejecutivo estatal no estaba sola. A su lado, funcionarios de primer nivel como Adrián Medina Amarillas y Kurt Honold Morales reforzaban la imagen de unidad y respaldo institucional.

Desde el primer minuto, Ávila Olmeda se plantó con firmeza: “No hay acusación, no hay delito, y tampoco se ha notificado motivo alguno. Es una decisión consular que respeto, pero que rechazo usar como arma política”.

Su tono fue directo. Aseguró que jamás ha actuado fuera de la ley y lamentó que ciertos actores “sin pruebas, sin verdad y sin límites” hayan intentado lucrar políticamente con la situación. “Lo que ocurre es violencia política disfrazada. A mí no me van a doblegar”, lanzó con vehemencia.

Marina del Pilar también envió un mensaje de gratitud: a su equipo, a los ciudadanos que le han escrito, a gobernadores y senadores de Morena que se han pronunciado en su defensa. Hizo mención especial al respaldo recibido esa misma mañana por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien —según sus palabras— elogió su trabajo al frente del gobierno estatal.

En lo que pareció un mensaje indirecto a sus adversarios, la gobernadora subrayó que el movimiento del que forma parte “está blindado”. Y remató: “A mí me mueve la justicia, la regeneración y los valores. No tengo nada que esconder. Estoy sorprendida, sí, pero también fortalecida”.

El caso ha generado revuelo en la esfera pública desde que se conoció, vía redes sociales, que tanto ella como su esposo, Carlos Torres Torres —actual coordinador de espacios públicos del estado—, vieron revocados sus documentos para ingresar a Estados Unidos. Aunque las autoridades norteamericanas no han emitido una postura oficial, la cancelación ha sido interpretada por algunos sectores como un gesto diplomático con posibles implicaciones políticas.

Sin embargo, la mandataria evitó alimentar especulaciones. “No voy a caer en provocaciones. Respeto la soberanía de cualquier nación, incluso cuando sus decisiones me afectan directamente”, declaró.

El mensaje duró menos de media hora y fue clausurado sin ronda de preguntas. Para algunos periodistas, esa decisión dejó cabos sueltos. Para la gobernadora, el asunto quedó zanjado: “Este tema está cerrado. Volvamos a lo importante: servir a Baja California”.