Docentes, madres y padres de familia, directivos y supervisores escolares se manifestaron este lunes en las instalaciones del Sistema Educativo Estatal de Tijuana para exigir la restitución del presupuesto del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (PIMMEE), que este 2025 sufrió una drástica reducción.

El ajuste al programa, que desde 2009 se ha financiado con recursos federales y opera a nivel estatal, disminuyó el apoyo por alumno de 420 a 300 pesos en escuelas regulares y de 720 a 450 pesos en planteles de tiempo completo. Esto significa que cada alumno cuenta ahora con apenas 1.65 pesos diarios para cubrir necesidades esenciales como limpieza, seguridad, fumigación, agua potable y material didáctico.

“Tenemos que hacer milagros para estirar el dinero. No pedimos algo nuevo, estamos en frontera, donde todo cuesta más, y nos están dando menos”, reclamaron los manifestantes.

Con pancartas y consignas como “¡Ni un peso menos!”, los inconformes cuestionaron las prioridades del gasto público estatal. Señalaron que mientras las escuelas deben justificar hasta el último centavo del PIMMEE, no existe el mismo nivel de fiscalización en el gasto gubernamental para viáticos, publicidad o alimentación.

“Si nos faltan 25 centavos, no nos aceptan la comprobación. ¿Cuánto se gastan en viajes, en medios, en comida? Millones. ¿Y quién les pide cuentas?”, reprochó un docente.

La comunidad educativa también denunció que la Subsecretaría de Planeación y Administración, Marisol Tapia, justificó el recorte aludiendo a la necesidad de redirigir recursos a programas de Bienestar, lo cual consideraron una “excusa inaceptable” frente a las condiciones críticas que enfrentan las escuelas.

Otro de los reclamos centrales fue la modificación en el método de entrega de los fondos. A diferencia de años anteriores, cuando el dinero era entregado mediante cheques a nombre de los planteles, en esta ocasión se ofreció una tarjeta digital administrada por una empresa privada —cuya identidad no fue revelada—, sin el respaldo de una institución bancaria.

“¿Por qué tanta opacidad? No sabemos quién está detrás ni cómo operan esas tarjetas. Es un retroceso en transparencia y seguridad”, afirmaron representantes escolares.

Ante la falta de respuesta institucional, los manifestantes demandaron la presencia inmediata del secretario de Educación, Luis Gilberto Gallego Cortez, en las oficinas del Sistema Educativo Estatal, para entablar un diálogo directo con padres y madres de familia.

Advirtieron que si no se restituye el presupuesto, las protestas escalarán. En San Quintín, por ejemplo, las escuelas permanecen cerradas desde el pasado jueves. De continuar la indiferencia oficial, se prevé el cierre de la Carretera Transpeninsular, lo que afectaría el flujo agrícola del sur del estado.

“Esta lucha no es por nosotros, es por nuestros niños. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, advirtieron.