El Gobierno del Estado de Baja California desmintió categóricamente que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sea propietaria —o haya sido en el pasado— de una residencia de lujo ubicada en San Diego, California, que actualmente está en venta por más de 4.4 millones de dólares.

A través de un comunicado oficial emitido la tarde del lunes 26 de mayo, la administración estatal aseguró que “es completamente falso” que la mandataria tenga propiedades en el extranjero, y aclaró que no existe ningún vínculo legal, financiero ni patrimonial entre Ávila Olmeda y el inmueble en cuestión.

El pronunciamiento surge luego de que medios digitales difundieran una fotografía donde se observa a la gobernadora en el interior de la casa, en lo que parece una reunión familiar. La imagen fue utilizada para sugerir una presunta relación con la propiedad, lo cual fue descartado por las autoridades.

“La gobernadora ha visitado en algunas ocasiones esa residencia como parte de su vida personal y social, en una región fronteriza donde miles de bajacalifornianos mantienen vínculos familiares o de amistad en California”, se explicó en el comunicado.

Según el Gobierno del Estado, el inmueble pertenece al empresario Fernando Salgado Chávez, “a quien se le respeta su vida privada”. La residencia está en venta desde marzo, de acuerdo con el sistema de listados múltiples (MLS) del mercado inmobiliario estadounidense.

La administración también rechazó que ni la gobernadora ni su esposo, Carlos Torres Torres —actual coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana— posean propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos, ni en ningún otro país.

En el mensaje oficial, se hizo un llamado a la ciudadanía a consultar fuentes verificadas y evitar la difusión de información falsa, especialmente en el contexto de desinformación que, aseguran, busca erosionar la confianza pública.

El escándalo en torno a la supuesta propiedad de lujo coincidió con la reciente cancelación de la visa estadounidense de la mandataria, revelada por ella misma el pasado 10 de mayo. La misma medida fue aplicada a su esposo, lo que ha incrementado el escrutinio público sobre ambos.

Finalmente, el gobierno reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad:

“Desde el primer día de esta administración, hemos sostenido una política de trabajo honesto y de rendición de cuentas. Rechazamos rotundamente cualquier intento de distorsionar la verdad”.